Compliance y control
Canal ético
Ley 2/2023, gestionado de principio a fin
Implantamos, gestionamos y auditamos el sistema interno de información, e investigamos las denuncias que llegan por él.
Qué incluye
Diagnóstico
Situación legal, organizativa y técnica.
Diseño e implantación
Política, procedimiento y responsable del sistema.
Canal seguro
Web 24/7, anónimo, cifrado TLS 1.3 y AES-256, con libro-registro inalterable.
Gestión delegada
Acuse, seguimiento y respuesta en los plazos legales.
Investigación
Análisis a fondo de cada denuncia recibida.
Formación y auditoría
EIPD, RGPD, formación de responsables y RR. HH. y revisión periódica.
Quién está obligado
- Empresas con 50 o más trabajadores
- Todo el sector público
- Entidades financieras y de prevención del blanqueo, sea cual sea su tamaño
- Partidos, sindicatos, patronales y sus fundaciones con fondos públicos
Qué recibe
- Responsable del sistema designado y comunicado a la AIPI
- Canal operativo con acuse y respuesta en plazo
- Modalidades: hasta 100 empleados, de 101 a 500, y más de 500 y sector público
Marco
- Ley 2/2023 y Real Decreto 1101/2024 (Estatuto de la AIPI)
- Sanciones de hasta 1 M€ para personas jurídicas y 300.000 € para personas físicas
- Confidencialidad, anonimato y protección frente a represalias
La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) funciona desde el 1 de septiembre de 2025 y ejerce la potestad sancionadora. Según ACFE (2026), el 43 % de los fraudes se detecta por una denuncia.
Preguntas frecuentes
¿En qué consiste el servicio de canal ético de Deep Due Diligence?
Implantamos, gestionamos y auditamos el sistema interno de información, e investigamos las denuncias que llegan por él.
¿Quién está obligado a tener canal ético en España?
Empresas con 50 o más trabajadores; todo el sector público; entidades financieras y de prevención del blanqueo, sea cual sea su tamaño; partidos, sindicatos, patronales y sus fundaciones con fondos públicos.
¿Qué recibe el cliente en un encargo de canal ético?
Responsable del sistema designado y comunicado a la AIPI; canal operativo con acuse y respuesta en plazo; modalidades: hasta 100 empleados, de 101 a 500, y más de 500 y sector público.
¿En qué marco legal y metodológico se presta?
Ley 2/2023 y Real Decreto 1101/2024 (Estatuto de la AIPI); sanciones de hasta 1 M€ para personas jurídicas y 300.000 € para personas físicas; confidencialidad, anonimato y protección frente a represalias. La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) funciona desde el 1 de septiembre de 2025 y ejerce la potestad sancionadora. Según ACFE (2026), el 43 % de los fraudes se detecta por una denuncia.
Hablemos antes de que decida.
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NDA previo en todos los encargos. Sin compromiso.