La Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas, obliga a implantar un sistema interno de información a las empresas privadas con 50 o más trabajadores, a todo el sector público y, con independencia de su tamaño, a las entidades que entran en el ámbito de los actos de la Unión Europea sobre servicios financieros, prevención del blanqueo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente. También a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y sus fundaciones cuando reciben o gestionan fondos públicos.
Durante los primeros años, la falta de una autoridad estatal operativa restó presión a muchas organizaciones. Eso cambió el 1 de septiembre de 2025, cuando empezó a funcionar la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), cuyo Estatuto aprobó el Real Decreto 1101/2024. La AIPI ejerce la potestad sancionadora: las infracciones muy graves pueden alcanzar 1 millón de euros para personas jurídicas y 300.000 euros para personas físicas.
Hay tres comprobaciones básicas: que el responsable del sistema esté designado y comunicado a la autoridad, que el canal garantice confidencialidad, anonimato y protección frente a represalias, y que se cumplan los plazos de acuse de recibo y de respuesta. Además, hay que investigar de verdad lo que llega. Un canal que recibe denuncias y no las investiga es un riesgo, no una defensa.
El canal es también la herramienta de detección más eficaz. Según el informe Occupational Fraud 2026 de ACFE, el 43 % de los fraudes se descubre por una denuncia, y las organizaciones con un mecanismo formal sufren pérdidas medianas menores (100.000 $ frente a 150.000 $) y detectan el fraude antes (11 meses frente a 17).
Cómo lo abordamos
Deep Due Diligence diagnostica, implanta, gestiona y audita el sistema interno de información, e investiga cada denuncia recibida.